El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó al Congreso de Colombia el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, con el que busca cerrar la política de «paz total» de su antecesor, Gustavo Petro. La propuesta, radicada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y el de Justicia, Iván Cancino, ofrece a los grupos armados un camino para entregarse a la justicia ordinaria, sin negociación política ni estatus político (El Heraldo).
Respuesta rápida: Los integrantes de grupos armados que se entreguen podrían recibir rebajas de hasta el 50 % de la pena, y los cabecillas, de hasta el 30 %, sin bajar de 10 años. Las rebajas no son automáticas: dependen de entregar bienes, decir la verdad, reparar a las víctimas y desmantelar la organización. No se suspenden las extradiciones ni las operaciones militares.
Los puntos centrales
| Tema | Qué propone |
|---|---|
| Rebaja de penas | Hasta 50 % para los integrantes; hasta 30 % para los cabecillas, con un mínimo de 10 años |
| Condiciones | Verdad, reparación a las víctimas, entrega de bienes y desmantelamiento de la estructura |
| Beneficios adicionales | Rebajas por trabajo restaurativo, erradicación manual de cultivos ilícitos y desminado |
| Lugar de reclusión | Centros transitorios de arraigo, colonias agrícolas y cárceles productivas |
| Extradición | No se suspende por anunciar la intención de someterse |
| Operaciones militares | Continúan |
| Plazos | Fase administrativa de hasta 3 meses, prorrogable una vez; luego fase judicial individual |
| Vigencia | 10 años, con un informe anual al Congreso |
Fuente: El Heraldo e Infobae.
A quiénes aplica
La definición de grupo armado es amplia: incluye a las estructuras con un papel relevante en las economías ilícitas, sin importar su tamaño ni su capacidad militar. El presidente, asesorado por el Consejo de Seguridad Nacional, decidiría qué grupos pueden acogerse. Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz con datos del Ministerio de Defensa, los grupos armados sumaban unos 28.802 integrantes en julio de 2026, cerca de 90 % más que los 15.120 de diciembre de 2022 (El Heraldo).
La carrera contra el reloj
El proyecto se radicó con mensaje de urgencia. El Gobierno quiere que se apruebe antes del 4 de noviembre de 2026, cuando vencen las prórrogas de la Ley 418 de 1997, la norma que da las herramientas legales para negociar con grupos armados (El Heraldo). Mientras el Congreso no lo apruebe, las rebajas y beneficios son solo una propuesta.
Qué cambia frente a la «paz total»
| «Paz total» (Petro) | Ley de sometimiento (De la Espriella) | |
|---|---|---|
| Enfoque | Negociación con grupos armados | Entrega individual a la justicia ordinaria |
| Estatus político | Posible para algunos grupos | Ninguno |
| Ceses al fuego | Sí, con varios grupos | No; las operaciones militares continúan |
| Beneficios | Acordados en cada mesa | Rebajas de pena fijadas en la ley y condicionadas |
El clima político
El proyecto llega en una semana tensa. Sindicatos y parte de la oposición convocaron la primera gran protesta contra el Gobierno de De la Espriella y anunciaron dos meses de movilizaciones (EFE). Sus defensores ven en la ley el fin de la impunidad que, a su juicio, dejó la «paz total»; sus críticos temen que, sin incentivos para negociar, los grupos armados no se entreguen y la violencia siga.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la ley de sometimiento de De la Espriella?
Un proyecto para que los integrantes de grupos armados se entreguen a la justicia ordinaria a cambio de rebajas de pena de hasta el 50 %, sin negociación política.
¿Reemplaza la «paz total»?
Sí. El Gobierno la presenta como el cierre de la política de negociación de Gustavo Petro.
¿Se suspende la extradición para quienes se acojan?
No. El proyecto dice expresamente que la extradición y las órdenes de captura no se suspenden.
¿Ya está vigente?
No. Debe aprobarla el Congreso. El Gobierno pidió trámite de urgencia para aprobarla antes del 4 de noviembre.
